Santo Domingo – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha declarado la nulidad del proceso de licitación OCI-CCC-LPN-2024-0003, organizado por la Oficina de Cooperación Internacional (OCI) del Ministerio de Educación (Minerd), debido a la identificación de graves irregularidades en el procedimiento de contratación.
La licitación, que tenía como objetivo el «equipamiento de talleres con servicios conexos en centros educativos a nivel nacional – segunda etapa», contaba con un presupuesto inicial de RD$945 millones, posteriormente ajustado a RD$966,748,624.00. Entre las empresas adjudicatarias figuraban A Fuego Lento S.R.L., Suplidores Comerciales & Suministros Tecnomas-LM, S.R.L., Arcaservis y Riften Investment, S.R.L.
Según la resolución RIC-0011-2025, la DGCP determinó que el proceso de licitación vulneró el artículo 20 de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas y principios fundamentales de eficiencia, economía y flexibilidad. Entre las irregularidades detectadas destacan:
-
Falta de información esencial en el pliego de condiciones y su enmienda, dificultando la evaluación de ofertas.
-
Aprobación de propuestas técnicas de adjudicatarios cuyos bienes no cumplían con las especificaciones requeridas.
-
Falta de publicidad de actos clave del proceso.
-
Omisión del debido proceso administrativo, sin agotar la fase de instrucción de impugnaciones conforme al artículo 67 de la ley.
-
Evaluación incorrecta de credenciales de los oferentes.
Como consecuencia de estos hallazgos, la DGCP ha ordenado a la OCI identificar a los funcionarios responsables del proceso y aplicar las acciones correspondientes de acuerdo con la Ley 41-08 de Función Pública. Además, el caso ha sido remitido a la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el Ministerio de la Presidencia y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) para las investigaciones pertinentes.
En cumplimiento de la resolución, los contratos derivados de esta licitación han sido anulados y la OCI deberá convocar un nuevo proceso de contratación para la adquisición de los bienes y servicios requeridos.
