Bogotá, 8 jun (EFE).- La peor expresión de la violencia política colombiana resurgió con el atentado que tiene entre la vida y la muerte al senador y aspirante presidencial de derecha Miguel Uribe Turbay, un ataque que avivó este domingo el temor a que el país vuelva a los oscuros años de finales del siglo pasado cuando fueron asesinados varios candidatos presidenciales.
Uribe Turbay, de 39 años, fue sometido anoche a una cirugía de aproximadamente cuatro horas de duración en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que este domingo informó que «el estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado».
El atentado contra la vida de Uribe Turbay, miembro del partido uribista Centro Democrático, ha causado consternación en el país y rechazo total a lo que muchos consideran un retroceso de 30 años en materia de violencia política, sumado a un clamor generalizado para dejar de lado los discursos incendiarios y de odio de cara a las elecciones del año próximo.
«Es esencial proteger a todos los candidatos como elemento fundamental de nuestra democracia. El pasado de la violencia política, con candidatos asesinados, no puede repetirse. Y todos los actores públicos, empezando por el primer mandatario, deben evitar el lenguaje violento que fomenta la polarización y genera, a su vez, más violencia», manifestó hoy el exministro José Antonio Ocampo.
Un país desangrado
Ese pasado de violencia al que aludió Ocampo fue la sangrienta campaña presidencial para las elecciones de 1990 en la cual el país estaba sometido por la violencia del narcotráfico y fueron asesinados tres candidatos a la jefatura de Estado en tan solo ocho meses.
El primero fue el liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado la noche del 18 de agosto de 1989 durante un mitin en la plaza principal de Soacha, un municipio aledaño a Bogotá, en un atentado que, por la forma como se cometió, guarda similitudes con el de ayer contra Uribe Turbay.
Siete meses después, el 22 de marzo de 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), fue asesinado en el aeropuerto de Bogotá.
Jaramillo había reemplazado al frente de la UP a Jaime Pardo Leal, quien fue candidato presidencial en 1986 y fue asesinado un año después, el 11 de octubre de 1987, en la localidad de La Mesa, cercana a Bogotá, como parte del genocidio que costó la vida a más de 4.000 integrantes de ese partido nacido de un intento de acuerdo de paz del Gobierno de la época con la guerrilla de las FARC.
La orgía de sangre se cobró también la vida de Carlos Pizarro Leongómez, quien fue comandante de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) y firmó la paz en marzo de 1990 con el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990).
Sin embargo, menos de un mes después, el 26 de abril de 1990, cuando era candidato presidencial, fue tiroteado por un sicario que le disparó en un avión en pleno vuelo en el que viajaba a Barranquilla para un mitin electoral.
Llamamiento a la concordia
Una de sus hijas, la senadora de izquierdas María José Pizarro, que también es precandidata presidencial del partido oficialista Pacto Histórico, propuso a todos los partidos un acuerdo contra la violencia en la política.
«Soy hija de un candidato presidencial asesinado en 1990 y esta historia no se puede repetir», dijo Pizarro en su cuenta de X, en la que agregó: «Colombia está adolorida, debemos actuar con grandeza, prudencia y empatía. Llamo a las bases del Pacto Histórico, influenciadores y medios de comunicación a abandonar y rechazar mensajes de venganza, odio y convocatorias a la violencia».
Buena parte de las críticas por la situación que vive el país apuntan al presidente Gustavo Petro, quien en los últimos meses ha endurecido el discurso contra sus opositores a quienes descalifica con adjetivos como «fascistas», «asesinos», «nazis», «golpistas» e incluso «ratas de alcantarilla», como los llamó anoche en su alocución por el atentado contra Uribe Turbay.
«El presidente Petro ha conducido al país a un abismo que jamás imaginamos que volveríamos a enfrentar. Su manera de dividir y señalar ha sido interpretada por los grupos criminales como una señal que incentiva la violencia», expresó el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, quien al igual que Uribe Turbay es un severo crítico del mandatario.
Por eso, el exministro liberal Juan Fernando Cristo, que hasta hace unos meses hizo parte del gabinete de Petro, propuso hoy hacer «un alto en el camino en esta espiral de odio y violencia».
«Si no lo hacemos, esta campaña que aún ni arranca será imposible (…) Ese es el único camino para recuperar la tranquilidad y aislar a los criminales que siempre acuden a sus armas asesinas», afirmó en un escrito en X.
Uno de los primeros en responder a esos llamados fue el precandidato presidencial Gustavo Bolívar, una de las figuras de izquierda más cercanas a Petro, quien anunció este domingo la suspensión de su actividad política de cara a las elecciones de 2026 por el atentado contra Uribe Turbay.
«De mi parte y por respeto con Miguel Uribe suspendo toda actividad política y les pido a los demás precandidatos que pongamos fin a la descalificación personal, a la violencia verbal», manifestó Bolívar, mientras el país no cesa de manifestar su solidaridad con el senador herido y con su familia.
