República Dominicana, 13 de enero de 2025
Con el objetivo de encontrar una solución al conflicto surgido por la reubicación de aproximadamente 1,200 familias en la provincia Sánchez Ramírez, se ha conformado una comisión mediadora entre las comunidades afectadas y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.
La comisión está integrada por el obispo de la Diócesis de La Vega, Carlos Tomás Morel Diplán; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el senador de Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos; Fernando Peña, coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD; y Francisco Guzmán Tejada, representante legal de las comunidades afectadas.
Durante la reunión inicial, celebrada este lunes, se estableció un cronograma de trabajo con representación de tres personas por cada parte involucrada. Pablo Ulloa, quien funge como vocero de la comisión, informó que se esperan resultados preliminares en un plazo de 15 días.
«Nuestro objetivo es lograr que la empresa continúe produciendo, pero asegurando que las comunidades puedan vivir en paz y con dignidad. Agradecemos a la Iglesia Católica por este espacio de diálogo», expresó Ulloa.
El ministro Joel Santos destacó la importancia de garantizar empleos de calidad y mejorar la calidad de vida en las comunidades afectadas. «El Poder Ejecutivo ha aportado propuestas concretas, y celebramos que tanto las comunidades como la empresa han mostrado interés en alcanzar un acuerdo beneficioso para todos», afirmó.
Por su parte, el senador Ricardo de los Santos subrayó la relevancia del diálogo continuo, una labor que se retomó en esta reunión tras un año de esfuerzos.
Reclamos de las comunidades
Fernando Peña, representante de las familias afectadas, enfatizó la necesidad de desmilitarizar la zona, condición fundamental para continuar las conversaciones. Asimismo, resaltó que las comunidades exigen una revisión de las propuestas previas relacionadas con el reasentamiento, el pago justo por propiedades y cultivos, y el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras tanto, las comunidades han anunciado una marcha para el próximo 22 de enero, que partirá desde el municipio de Cotuí hacia las instalaciones de la mina, con la participación de residentes de Piedra Blanca y Maimón.
Compromiso de la minera
Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, expresó su disposición a participar en un proceso de reasentamiento justo y equitativo. «Valoramos esta iniciativa de diálogo liderada por la Iglesia y reiteramos nuestro compromiso de trabajar junto con las comunidades para alcanzar un entendimiento mutuo», afirmó.
El próximo encuentro de la comisión está programado para el miércoles 15 de enero a las 10:00 a.m., donde se continuará avanzando en la búsqueda de soluciones para este conflicto.
