El exvicepresidente de la República y destacado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, ha solicitado al Gobierno aclaraciones urgentes sobre las irregularidades detectadas en el reparto de los bonos navideños denominados “La Brisita Navideña”. Según Alburquerque, el proceso careció de transparencia, generando dudas sobre el manejo de estos recursos destinados a las familias más necesitadas del país.
El exvicepresidente, quien también fue coordinador del Gabinete Social durante el gobierno de Leonel Fernández, criticó que, de los más de tres millones de tarjetas emitidas este año, apenas 300 mil fueron distribuidas a través del programa Supérate, mientras que 2.7 millones quedaron bajo una gestión poco clara. «El pueblo merece conocer los criterios de selección de los beneficiarios y los nombres de los responsables de este proceso», declaró.
Además, Alburquerque denunció que pasadas las festividades navideñas, aún se reporta la circulación y uso de estos bonos en supermercados y estaciones de combustible. Estas acciones, según el dirigente político, evidencian un manejo irregular de los fondos públicos y refuerzan las sospechas de mala administración.
En un artículo de opinión reciente, el exvicepresidente también alertó sobre denuncias ciudadanas que indican que algunos individuos poseían múltiples tarjetas, lo que sugiere posibles actos de corrupción. Ante esta situación, exigió auditorías públicas, la publicación de los contratos relacionados con la emisión y distribución de los bonos, así como la lista de beneficiarios de todos los programas sociales vigentes.
“Es inaceptable que el Gobierno continúe evadiendo la rendición de cuentas. Este es dinero del pueblo, y la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se manejaron estos fondos”, enfatizó Alburquerque, quien además llamó a la población a exigir respuestas y a mantenerse vigilante ante cualquier uso indebido de los recursos públicos.
El exvicepresidente reiteró la necesidad de que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) actúe con responsabilidad y transparencia, garantizando que las ayudas sociales lleguen a quienes verdaderamente las necesitan.
